El Gobierno se aseguró un as bajo la manga: ya prohíbe importar a cualquier empresa investigada por la AFIP El «cerrojo» sumó un nuevo capítulo.
El «cerrojo» sumó un nuevo capítulo. Ahora, cualquier firma que esté siendo fiscalizada por el organismo de control no podrá hacerse de los permisos para ingresar mercadería al país, lo que está generando una fuerte preocupación entre directivos de compañías. Importadores pedirán cambios al Gobierno
En la Argentina, no sólo los dólares son altamente buscados debido a la escasez generalizada que se registra en la plaza local, a raíz de los múltiples controles cambiarios. También son «objeto de deseo» los permisos para poder ingresar mercadería al país, más precisamente lasDeclaraciones Juradas Anticipadas de Importación, un documento que se aprueba a cuentagotas y al que cada vez se le agregan más instancias de regulación y control para mantener a raya una potencial avalancha de artículos del exterior.
En este contexto, los empresarios que operan tanto con bienes de consumo como con insumos y bienes de capital de origen importado, están en alerta debido a una flamante medida tomada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que estableció que toda aquella compañía que esté enfrentando un proceso de fiscalización o simplemente de verificación, directamente no pueda hacerse de esas declaraciones, sin las cuales no puede siquiera solicitar la mercadería a su proveedor en el exterior.
Cabe destacar que las declaraciones juradas se completan de manera online a través de la página de la AFIP, para las cuales hay que dar información, sin excepciones, sobre el producto que se desea importar, el precio, la cantidad, tipo de transporte y fecha de arribo estimada, entre otros datos.
El procedimiento, que se implementó a comienzos de febrero último, se divide en dos etapas: la primera recae sobre el organismo que dirige Ricardo Echegaray, que tiene pocos días para expedirse ante cada documento presentado. Superada esta instancia, la declaración jurada es analizada por técnicos de la Secretaría de Comercio Interior, que comanda Guillermo Moreno.
Y es en esta última etapa donde se registra un alto nivel de «observaciones» -término utilizado para hacer referencia a solicitudes frenadas-, que llegó a ser del orden del 60% de los pedidos presentados.
El problema es que, con esta nueva potestad de la AFIP, los empresarios temen que la única etapa en la cual «fluían» sin mayores problemas las declaraciones juradas se convierta en unnuevo cuello de botella para cada firma.
Un despachante de Aduana referente en la actividad, con más de 30 años de trayectoria en el negocio, aseguró que «hasta ahora, la AFIP venía aprobando prácticamente todos los pedidos presentados. El problema siempre aparecía cuando la solicitud llega a manos de Moreno. A partir de ahí hay que pasar todo tipo de pruebas: se analiza la política de precios de la empresa, si compensa sus importaciones con exportaciones por el mismo valor y hasta si el producto que quieren traer se fabrica localmente».
En este contexto, destacó que «el hecho de que ahora la AFIP ponga esta suerte de cláusula de que cualquier firma que esté siendo investigada por algún motivo no podrá obtener su declaración jurada es muy preocupante porque sabemos que un proceso de este tipo puede durar meses e, incluso, años«.
En la misma línea, el CEO de una de las mayores empresas de indumentaria del país -que pidió estricto off the record por la sensibilidad del tema-, confirmó que «nos genera mucho temor quepor cualquier mínima investigación o verificación se nos cierre la importación. Sentimos que es una nueva espada de Damocles».
Cabe destacar que esta medida tomada por la AFIP se enmarca en la última versión del «Manual de Uso para el Registro y Afectación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación(DJAI), Versión 6.0″, que comenzó a regir el 13 de julio pasado y que tiene como objetivo informar las causas por las cuales los pedidos de las empresas pueden sufrir algún tipo de bloqueo.
Se trata de un documento de más de 20 páginas que actualiza el último manual -publicado en el mes de abril- y que fija, además de la medida explicada anteriormente, otros motivos por los cuales una empresa no podrá continuar adelante con su solicitud para poder importar, tales como inconsistencias en el domicilio de la empresa, inactividad del CUIT, falta de confiabilidad (por ejemplo, por haber emitido facturas apócrifas) o si la compañía se encuentra en estado de quiebra.
En el documento, la AFIP destaca que «respecto a los controles a realizar, los motivos de Observaciones en una Declaración Jurada han sido tabulados para una mejor comprensión del Declarante y estos podrán ser visualizados en la consulta específica sobre la temática, la cual permite aclarar con un Código/Descripción de cada motivo las observaciones realizadas de acuerdo al siguiente detalle:»
Como se puede observar cada motivo está asociado a un número de código. Y el último de ellos, el «F13» es el que, justamente, encendió una luz de alarma entre las empresas, dado que cualquier procedimiento de investigación o verificación de la AFIP podría, de un momento a otro,imposibilitar la importación por tiempo indefinido.
Cumbre con el Gobierno
En este contexto, Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), confirmo que las disposiciones del nuevo manual generan inquietud entre los ejecutivos de empresas del sector.
En este sentido, el directivo adelantó que «esto recién comenzó a regir hace pocos días, por eso estamos solicitando una reunión con la AFIP y la Aduana».
Santisteban explicó que «hay casos en los que no hay mucho que hacer y que son lógicos. Se entiende que si la empresa está quebrada o está en una situación irregular no pueda gestionar una Declaración Jurada. Pero vemos que en muchos casos, a partir de esta decisión de incluir a empresas que están siendo objeto de investigaciones o verificaciones, hay situaciones totalmente solucionables pero que podrían frenar importaciones porque algunos de estos trámites pueden durar un largo tiempo».
En este sentido, un influyente empresario y exdirectivo de una reconocida cámara del sector industrial, que se ha sentado a negociar mano a mano con Moreno en innumerables ocasiones, aseguró a este medio que «esta medida genera una verdadera incertidumbre. Por un tema menorpuede iniciarse una verificación o investigación que, sumadas las apelaciones que puede hacer una compañía, pueden terminar estirando el proceso durante semanas e, incluso, meses».
«Si me dijeran que todas las controversias con la AFIP se resuelven en 24 o 48 horas, no habría mayores problemas. Pero hay situaciones que se extienden en el mediano plazo y, con esta nueva ventana que dejó abierta el Gobierno, una empresa podría directamente quedar imposibilitada de operar hasta que no se cierre su caso», disparó el exdirigente.
La misma fuente dejó deslizar que, en parte, esta nueva exigencia para los importadores estaría motivada por un duro enfrentamiento que el titular de la AFIP mantendría con el secretario de Comercio Interior.
«La tensión entre ambos funcionarios llegó a un punto extremo, a un nivel de enfrentamiento muy grande. Y, con esta medida, Echegaray le está dando a entender a Moreno que él no tiene la última palabra sobre todo lo que se importa en la Argentina y que la AFIP todavía tiene la manija. Es como que le dejó de ofrecer en bandeja todo el manejo de las Declaraciones Juradas», explicó.
Cabe destacar que, hasta ahora, el ritmo de aprobación de estas solicitudes es muy alto en el organismo que conduce Echegaray pero enfrenta un gran cuello de botella al momento de ingresar a Comercio Interior dado que, a la política del «cerrojo» oficial que tiende a castigar a las importaciones, se suma que Moreno debe resolver todas las solicitudes con un equipo reducido de apenas ocho técnicos.
Hasta hace algunas semanas se calculaba que Comercio Interior rechazaba unas 6 de cada 10 presentaciones realizadas por los importadores. Y si bien en la actualidad hay quienes hacen referencia a una súbita aceleración en el ritmo de aprobación, la situación está lejos de ser óptima para todos los sectores por igual.
El despachante de Aduanas consultado por este medio, que tiene en su cartera a unas 30 empresas, alertó que «tengo un cliente que en 2010 llegó a importar unos 10 millones de dólares en indumentaria, carteras y accesorios de moda y desde febrero que no le sale ni una sola Declaración Jurada».
En tanto, según confió, «otra firma que estaba trayendo artículos de bazar y de decoración para el hogar le es validado entre el 5 y el 10% de lo que solicita«.
El experto agregó que, además, cambió mucho la dinámica de las operaciones: «Con la práctica nos fuimos dando cuenta que, cuando presentábamos una declaración jurada por más de u$s100.000, en general no nos salía. Por eso empezamos a pedir por montos más chicos, incluso ínfimos, de menos de u$s15.000. Mucho no se puede importar y es muy engorroso, peroes la única manera que tienen algunas empresas para seguir operando.
Esta situación, aseguró el despachante, «es bastante calcada para muchos colegas que, o despidieron gente o están por hacerlo porque no pueden sostener la estructura. En mi caso personal, aun con todos los clientes que tengo, hace dos meses que no saco un peso de ganancia, lo único que estoy tratando de hacer es de conservar a los empleados».